Los resultados de las investigaciones en la historia económica del franquismo son unánimes y coinciden en señalar la profundidad y duración de la depresión que sufrió la economía española durante los años cuarenta. Basta echar un vistazo a la evolución de las macromagnitudes más significativas -producción agraria e industrial, comercio exterior, inversión, PIB o PIB per cápita- para hacerse una idea de la magnitud del desastre.
Para la mayor parte de los españoles fueron, sencillamente, los años del hambre, del estraperlo, de la escasez de los productos más necesarios, del racionamiento, de las enfermedades, de la falta de agua, de los cortes en el suministro de energía, del hundimiento de los salarios, del empeoramiento de las condiciones laborales, del frío y los sabañones.
La otra cara de la moneda fue la restauración de la propiedad privada, la recuperación de los beneficios de las empresas y de la banca, el desvergonzado enriquecimiento de los grandes estraperlistas protegidos del Régimen y el restablecimiento de los privilegios de la Iglesia y el Ejército.
El aislamiento internacional de España también debe matizarse. En primer lugar, hay que decir que fue más espectacular, por la retirada de embajadores y la condena de la ONU, que efectivo en términos económicos. Franco había contado con las simpatías de Churchill, de las grandes empresas americanas y de las finanzas internacionales; el comercio con Reino Unido y otros países europeos nunca se interrumpió, y la ayuda a Argentina fue fundamental para la supervivencia del Régimen.
El nacionalismo y el rechazo a lo extranjero culminaron en el ideal de la autarquía. Con el tiempo, y a la vista del fracaso, los dirigentes del Régimen intentaron cambiar la historia, afirmando que la autarquía había sido impuesta desde el exterior.
La monetización del déficit fue una fuente permanente de inflación y un saneado negocio para la banca que consolidó su poder sobre la economía española. Además, aumentó la injusticia fiscal ya que la inflación golpeó más duramente a las capas más desfavorecidas de la sociedad.
En 1951 se produjo un cambio de Gobierno que incluía algunos ministros —Cavestany, Arburúa y Gómez de Llano— más o menos críticos con la política autárquica y partidarios de introducir reformas de signo liberalizador.
Pero los cambios vinieron impulsados, fundamentalmente, desde el exterior, desde Estados Unidos, la gran potencia dominante en el mundo occidental. El estallido de la guerra fría, la caída de China en manos del Partido Comunista, la fabricación de la bomba atómica por la URSS y la guerra de Corea impulsaron el proceso de acercamiento hacia España.
La dictadura y la persistencia de planteamientos autárquicos e intervencionistas impidieron que España se beneficiase plenamente de la época dorada del capitalismo. A finales de los años cincuenta, la virtual quiebra exterior obligó a adoptar un programa de excepción, de nuevo gestado en el exterior: el Plan de Estabilización de 1959.
Tras el éxito del Plan, los años sesenta fueron, finalmente, los del desarrollo. Las causas no hay que buscarlas en la política económica interna, sino en el efecto de arrastre de una economía mundial en la mejor década de la historia. Sin embargo, el modelo de industrialización ocultaba problemas y carencias que se manifestarían al acabar la etapa de prosperidad: la economía seguía intervenida y fuertemente protegida, la hacienda mantenía todos sus defectos, el sistema financiero continuaba gozando de su posición oligopolista, persistía el atraso tecnológico, científico y educativo y se había levantado un sector industrial basado en tecnologías maduras y de elevados consumos energéticos.
CARLOS BARCIELA @ELPAÍS
sábado, 16 de junio de 2012
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